SQM-Codelco, el acuerdo más tachado de la historia

 “Probablemente el negocio empresarial más transparente de la historia de Chile”. Así calificó Máximo Pacheco el acuerdo entre Codelco y SQM frente a la más reciente junta de accionistas de la estatal, repitiendo su línea de defensa con una convicción que, más que convencer, sugiere que la transparencia es cuestión de fe. Porque si hay algo que define a este contrato, además de su relevancia estratégica, es la cantidad de tinta negra que lo cubre. Desde el índice hacia abajo: tachaduras, omisiones y confidencialidades que no parecen propias de un documento público.

El contraste entre la épica del discurso y la opacidad del contenido no puede pasarse por alto. No se trata solo de una omisión formal. Se trata del acuerdo que definirá el control del litio —el recurso clave del siglo XXI— durante las próximas décadas. Y sin embargo, se cerró sin licitación pública, sin consulta a la ciudadanía, sin la aprobación formal de los accionistas minoritarios de SQM, y apoyado en informes que tampoco pueden leerse.

Pacheco ha explicado que llamar a licitación era “teóricamente factible”, pero que implicaría un retraso de al menos cinco años y una pérdida estimada en más de 11 mil millones de dólares. Cifras que provienen, entre otras fuentes, de un informe elaborado por Morgan Stanley. Un informe secreto, por cierto. El mismo que permitió justificar la adjudicación directa de la operación del Salar de Atacama a SQM. La paradoja no es menor: se defiende un acuerdo por su transparencia citando documentos que nadie puede revisar.

Es cierto, el contrato está publicado en línea. También lo es que la mitad más importante del texto aparece oculto bajo recuadros negros. La transparencia, al parecer, consiste en mostrar cuán poco se puede mostrar. ¿Acaso alguien aceptaría un reglamento de tránsito con sus artículos censurados? ¿Un presupuesto público sin desglose? En este caso, ni el índice del contrato fue respetado. Sí, hasta el índice tiene tachados. No se puede saber siquiera qué temas abarca.

Pero no se detiene ahí. Codelco ha acordado vender la totalidad del potasio producido a la propia SQM, reforzando su posición en otro mercado sensible, sin evaluación externa ni análisis público conocido. La base argumental sigue siendo la misma: el tiempo, el costo, la urgencia. Como si la excepcionalidad justificara la regla, como si la premura validara el secretismo.

La defensa, por momentos, roza lo absurdo. Se alega que no existían instalaciones estatales para procesar litio y que construirlas habría sido inviable en los plazos disponibles. Se sugiere que negociar una transición con SQM habría sido incierto y, por tanto, mejor era asegurar el trato ahora. El mensaje implícito es claro: se eligió el camino más rápido, aunque no el más limpio. Se prefirió una eventual eficiencia privada a la deliberación pública. Se negoció lo público como si fuera privado.

Y, sin embargo, el discurso insiste en la transparencia. Como si repetirlo bastara. Como si una declaración ante la Cámara de Diputados o la lenta y difícil aprobación de la Fiscalía Nacional Económica pudiera borrar el hecho elemental de que la ciudadanía, los expertos independientes y los propios accionistas de una de las partes no pudieron ni siquiera conocer, con precisión, qué se estaba pactando.

Lo que deja este acuerdo no es solo una polémica contractual. Es un precedente. Si esto es lo que ahora se considera un acto ejemplar de transparencia estatal, cabe preguntarse cuál es el nuevo estándar: publicar lo tachado, declarar lo secreto y llamar a eso transparencia. Con esa lógica, bastará con mostrar las sombras para decir que hay luz.

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